“Contamos nuestras historias para sanar, visibilizar, ayudar, no permitir y para no olvidar.“
Familiares de sobrevivientes de tortura.
Cifras que revelan: Numeralia de los dispositivos de tortura.
“El remedio para la impunidad es que veas,
sientas a través de nuestros ojos una realidad,
una pesadilla que no imaginas.”
Familiares de sobrevivientes de tortura
No existe en México un registro real de cifras de casos de tortura, muchos no se denuncian y hay una tendencia en todo el sistema a negarla o calificarla como un delito de menor gravedad. Sin embargo, esta práctica es el eje central en las operaciones de policías y fuerzas armadas.
Desde la CMDPDH nos dimos a la tarea de analizar un total de 221 casos de tortura, que se encuentran documentados en 190 recomendaciones emitidas por la CNDH entre 2006 y junio de 2019, las cuales suman 736 víctimas de este crimen. En la mayoría de estos casos, el suplicio no terminó, efectivamente, al cesar las agresiones físicas y/o psíquicas por parte de los agentes policiales o castrenses sino que en un alto número de experiencias las víctimas fueron presentadas ante el ministerio público y/o medios de comunicación, siendo acusadas de delitos que no cometieron.
En el 71.6 % de las recomendaciones (136) se inició un proceso penal en contra de las víctimas, es decir, que estas personas, además de haber sometidas a diversos tipos de tormentos, fueron acusadas y encarceladas por falsos delitos. Por lo menos 458 personas, es decir, 2 de cada 3 víctimas fueron sometidas a proceso penal, siendo los delitos contra la salud (230 víctimas, 77 recomendaciones), portación de armas de uso exclusivo del Ejército (195 víctimas, 67 recomendaciones) y delincuencia organizada (149 víctimas, 39 recomendaciones), las principales acusaciones utilizadas por las autoridades perpetradoras.
Prácticamente, la totalidad de casos vinculados a denuncias por tortura en los que se realizó un dictámen médico-psicológico basado en los lineamientos del Protocolo de Estambul, las víctimas fueron valoradas por peritos oficiales pertenecientes a la Coordinación General de Servicios Periciales, una instancia de a la propia Fiscalía General de la República, es decir, la misma autoridad que acusa a las víctimas falsamente y, en muchos casos, también la instancia perpetradora de los actos de tortura.
Principales acusaciones utilizadas por las autoridades perpetadoras en las víctimas de tortura
