Las políticas de prohibición en relación a las drogas han fallado en su objetivo de lograr un “mundo sin drogas” y han forzado al mercado de drogas a permanecer en la ilegalidad. Esto ha desencadenado un mercado ilícito, controlado exclusivamente por organizaciones del crimen organizado, que se ha enlazado con otros mercados criminales y que utiliza la violencia como forma primordial de regulación.

En diciembre de 2006, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012) puso en marcha una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado llamada guerra contra el narcotráfico. Esta política instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública del país a través del despliegue de miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional y la sustitución de múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, por militares en activo o en retiro.

Ejemplo de lo anterior constituye el hecho que de forma sistemática los militares y elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales, trasla- daban a los civiles detenidos tras la realización de operativos a instalaciones militares o de control exclusivo en donde, fuera de cualquier vigilancia de autoridades civiles, las personas detenidas sufrieron vejaciones, torturas e incluso desaparición forzada. Igualmente se ha documentado cómo en las operaciones conjuntas —de autoridades civiles con militares— los elementos del Ejército vestían de civiles.

En la prensa y medios de comunicación masivos se ha difundido la visión del gobierno federal según la cual las personas “abatidas” a raíz de la estrategia contra el crimen organizado son “criminales caídos” y no civiles. La constate es que dichas muertes no son precedidas por una investigación penal adecuada, incluso en los casos que se ha demostrado posterior- mente que no pertenecían a ningún grupo de la delincuencia organizada o no presentaban “peligro” alguno para la sociedad.