Desde la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla en el año de 1974, fueron los familiares los que iniciaron la difícil tarea de luchar por preservar la memoria de lo ocurrido, con todas las garantías que ésta conlleva: desde los procesos judiciales para sancionar a los responsables, hasta el papel del Estado para empoderarlos como agentes de su propia reparación y poner a su disposición los medios necesarios para hacerla posible. Esta insistencia admirable, incluso heroica, tuvo como resultado que esa misma memoria, en lugar de silenciarse o reducirse a murmullos eclipsados por el tiempo, tuviera un eco determinante e histórico al llegar al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 es, en primera instancia, un primer paso para la restitución de los derechos del señor Rosendo Radilla y sus familiares. Como bien ha declarado el Tribunal interamericano en repetidas ocasiones, la sentencia emitida es en sí misma una forma de reparación para las víctimas. Por otro lado, representa un compromiso para el Estado mexicano. El simple hecho de que los familiares, hoy reconocidos como víctimas, hubiesen tenido que llevar el caso ante la justicia subsidiaria de la Corte Interamericana representa una llamada de alerta que ha puesto a trabajar a los tres poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de restituir a las víctimas en sus derechos y de consolidar estrategias para evitar que actos de esa índole vuelvan a repetirse.

La presente semblanza es muestra de este compromiso adoptado por el Estado mexicano para reconstruir la memoria y prevenir violaciones a derechos humanos. El Estado asume el presente documento como un reconocimiento al señor Rosendo Radilla en su calidad de víctima, así como de sus familiares y sus representantes quienes, durante décadas, buscaron incansablemente una respuesta por parte de las autoridades para garantizar que se hiciera justicia.