¿Por qué es urgente detener las iniciativas sobre seguridad interior?

Porque de no hacerlo, el Congreso mexicano habrá creado una jurisdicción que legaliza una situación que hace una década representa uno de los principales riesgos a la seguridad ciudadana en el país: la presencia de las Fuerzas Armadas en el fuero civil.

La discusión es de suma importancia porque, tal como lo ha dicho el propio General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haber sacado a soldados y marinos de los cuarteles para combatir al crimen organizado ha colocado a ambos institutos armados en una condición de fragilidad frente un régimen de derechos humanos, como al que aspira la Constitución General de la República.

Tal como él lo expresó, ni el Ejército ni la Marina están capacitados para atender un problema que corresponde a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en el fuero civil; porque en este fuero, los objetivos son otros, pero sobre todo, porque las reglas son otras. En ese sentido, su llamada de atención puede parafrasearse del siguiente modo: o nos devuelven a los cuarteles, o nos cambian las reglas.

No habló el General Secretario de capacitar a sus efectivos, porque seguramente sabe que esa labor llevaría años y porque terminaría desvirtuando la naturaleza de los institutos armados. Por lo demás, seguramente sabe también que, si el Estado mexicano ha perdido una década para formar operadores e cientes y con ables para los sistemas de seguridad pública y de justicia penal, nada garantiza que ahora sí se tomara en serio la capacitación de las Fuerzas Armadas y mucho menos, que ello resultara legitimo frente al dé cit que entonces continuaría teniendo la forma- ción de policías, ministerios públicos y jueces.

Entonces la disyuntiva se centra entre: sacar a las Fuerzas Armadas de las calles o crearles unas reglas ad hoc.

La respuesta del poder civil quiere irse por el lado más sencillo: cambiar las reglas. Crear un marco jurídico que les permita actuar como si estuvieran capacitados para hacerlo, aunque ello implique crear un régimen de excepción que, desafortunadamente, tendría un carácter general y permanente.

Seguridad interior, ¿seguridad para quién?

Lo anterior, aunado a la vigencia de un contexto en el que se evidencia que ha sido la presencia del Ejército en las calles la que ha disparado la violencia, permite inferir que, en la práctica, lo que se busca es legalizar la situación expuesta, convirtiéndose en un riesgo estructural para la seguridad ciudadana.

En otras palabras, garantizar la “seguridad interior” —lo que no está lejos de significar, garantizar un marco de impunidad para el Ejército y la Marina— puede conver- tirse en un riesgo para la seguridad de la población civil.

La discusión que se aborda en esta compilación incluye múltiples aristas del debate en la materia, lo que demuestra que hay todavía mucho que considerar antes de cometer un error del que, tarde o temprano, podemos arrepentirnos.

El deseo es que las y los legisladores se den el tiempo de leer, comentar y reflexionar sobre los argumentos aquí contenidos, y asuman su obligación constitucional de proteger el marco constitucional que hoy nos rige, desechando las iniciativas y emprendiendo el camino de reconstrucción institucional, la cual es la única solución de fondo para el tamaño de la crisis que hoy vivimos.

Luis González Placencia