La reforma constitucional constituye uno de los logros legislativos más importantes de los últimos años. Ordena llevar a cabo modificaciones estructurales que, de ser correctamente implementadas, revolucionarán el sistema de justicia mexicano. Esto servirá para atacar los alarmantes índices de impunidad que prevalecen en México, respetando a la vez los derechos humanos de todos los involucrados en la procuración e impartición de justicia.

El tema del combate a la tortura se relaciona íntimamente con la reforma al sistema de justicia penal. En México, la persistencia del fenómeno se ha debido principalmente al desgaste y vicios enraizados que existen tanto en la investigación del delito, como en la procuración e impartición de justicia. La experiencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre todo aquellas que lidiamos con casos de tortura, es clara: el sistema de justicia de corte cuasi inquisitorio que prevalecía en México ya no da para más en términos de eficacia del propio sistema y de respeto a los derechos humanos.

La reforma representa el inicio de la implantación de un sistema acusatorio y respetuoso con los derechos humanos de víctimas e imputados. El propio decreto de la reforma establece que dicha implementación forma parte de un proceso que, al menos en cumplimiento a dicho mandato, debería terminar en junio de 2016. Todo esto conlleva un proceso de reformas legislativas, cambios en presupuestos, construcción de infraestructura, capacitaciones a funcionarios públicos y un sinfín de medidas que serían necesarias para que el sistema acusatorio sea implementado correctamente.

El texto aborda la reforma al sistema de justicia penal desde el ámbito de la prevención y sanción de la tortura. Este aspecto permite evaluar la reforma desde la perspectiva de estándares de protección a derechos humanos, para así destacar tanto sus aspectos positivos como negativos.