La Corte Penal Internacional (CPI) constituye un avance fundamental para el derecho internacional. La creación de este instrumento permanente para llevar ante la justicia a individuos acusados de los crímenes más graves contra la humanidad, ha revolucionado el derecho internacional público y se erige como un poderoso instrumento de lucha contra la impunidad.

Este panorama obliga —explícita e implícitamente— a los Estados a adecuar sus sistemas jurídicos nacionales a los estándares reconocidos por el Estatuto de Roma (ER), de tal manera que tengan la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables por la comisión de los crímenes antes mencionados, y de brindar a la Corte, llegado el caso, toda la asistencia y cooperación que ésta requiera en el desarrollo de sus funciones.

Para hacer frente al reto legislativo y normativo que se plantea es necesario, como principio, partir de una base técnica y teórica sólida, la cual informe y guíe los debates entre los distintos tomadores de decisión. En este sentido, la presente publicación aspira a convertirse en un punto de referencia teórico y técnico que guíe el criterio de los actores relevantes, ya que se ha planteado como una herramienta académica que, en términos breves y sencillos, sistematice los estándares mínimos de implementación y explique los mejores escenarios para la adecuación del marco jurídico mexicano al Estatuto de Roma, tanto en materia de cooperación como de tipificación de delitos internacionales y de principios generales del derecho penal internacional. De igual forma, este trabajo busca ser un instrumento que sirva de ejemplo y ayuda para otros países que se encuentran en el mismo proceso de implementación.