La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz las fuerzas armadas tiene por objetivo realizar actividades destinadas a la disciplina militar y que la seguridad pública es una tarea que solo podrán desempeñar autoridades civiles. Sin embargo, desde los años 70 las fuerzas armadas han ido ganando espacios de participación en tareas relacionadas a seguridad nacional y combate al crimen organizado.

Con mayor énfasis durante en 2006 durante el sexenio de Felipe Calderón se desplegaron miles de soldados y marinos para cubrir tareas de seguridad pública. Esta misma estrategia fue seguida por el ex presidente Enrique Peña Nieto con resultados catastróficos para el país. Organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la OEA han constatado que la militarización en México ha traído como consecuencia el aumento de la violencia, las violaciones a derechos humanos y el incremento de los niveles de impunidad.

En diciembre de 2017 el Congreso de la Unión adoptó una Ley de Seguridad Interior, que elevaba a rango legal la fallida estrategia de seguridad y trastocaba profundamente la relación cívico militar. Dicha Ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018 al considerar al legislativo rebasado en sus facultados para legislar en la materia.