México atraviesa una grave crisis de derechos humanos. La falta de una política de justicia de transición de hechos violatorios de derechos humanos cometidos en el pasado y la estrategia de seguridad planteada en el combate a la delincuencia organizada o guerra contra las drogas, han provocado la continuidad de la impunidad. Es decir, que violaciones graves a derechos humanos no sean investigadas, procesadas, sancionadas y reparadas de manera integral para las víctimas, favorece la repetición del fenómeno —al convertirse en prácticas habituales y aceptadas dentro del sistema de impartición de justicia—, generando descon anza entre la población respecto del sistema de administración de justicia.

Si nos enfocamos solamente en casos de violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, las cifras que arrojan los registros son alarmantes tanto en el número de víctimas como por las condiciones en las que ocurren los abusos. En ocasiones, autoridades públicas no participan activamente en los delitos, sin embargo, lo hacen mediante su aquiescencia, tolerancia o apoyo, incluso mediante la omisión en investigar y procesar los crímenes cometidos por particulares.

Por ejemplo, a pesar de la gravedad del fenómeno de la desaparición forzada, México no cuenta en su registro ofcial con cifras que documenten cuántos casos constituyen desapariciones forzadas o cuántas de éstas son efectuadas por grupos criminales, únicamente se cuenta con datos sobre procesos administrativos o judicializados. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (rnepd) en una consulta el 1° enero de 2018 tenía registradas un total de 34,656 personas reportadas como desaparecidas en el fuero común y federal.

Este registro presenta una de ciencia importante. Tenemos además que pgr reporta 732 investigaciones penales en ese periodo y el poder judicial tan sólo ha emitido 9 sentencias condenatorias ya que no se hace diferencia entre las personas que fueron sustraídas de sus domicilios a la fuerza —ya sea por el crimen organizado o por resultado de algún operativo eje- cutado por las Fuerzas Armadas o Policiales— de las que, de acuerdo a lo que indican las investigaciones, lo hicieron de manera voluntaria.