En el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, decretada en diciembre de 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la violencia en México incrementó exponencialmente. A pesar de que el país ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, la tortura sigue existiendo y practicada de una manera generalizada en todo el país y sistemática como herramienta para la investigación de delitos, con el objeto de obtener confesiones o testimonios para incriminar a terceros. Aunque el gobierno federal ha cambiado, la estrategia de seguridad y militarización sigue sin cambios significativos bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.

La realidad actual en México se complica por la existencia de redes consolidadas en la producción y el tráfico de drogas. La complejidad de la cadena involucra a diversos actores, incluyendo campesinos, grupos armados, jóvenes, mujeres, las Fuerzas Armadas y otros grupos. El combate frontal por parte del gobierno en la lucha contra el narcotráfico ha resultado en un contexto de violencia, impunidad y el uso de la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones como un mecanismo de control. Las violaciones a los derechos humanos son justificadas bajo el paraguas de seguridad nacional. Adicionalmente existen zonas de criminalidad donde la corrupción ha infiltrado las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y administrar justicia. Mientras la misma institución investiga acusaciones contra sus agentes, la sociedad no encuentra justicia.

En años recientes, incrementaron significativamente las violaciones a los derechos humanos por autoridades vinculadas a tareas propias de seguridad pública, así como por el Ejército y la Marina. Las tasas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desapariciones, torturas y privaciones arbitrarias de libertad han aumentado desde la implementación de esta estrategia. Dichos abusos se han combinado con lastres y añejas prácticas del sistema de justicia, por las que se manifiestan déficits de profesionalización e investigación científica, lo que parece ser el incentivo de las autoridades para recurrir a arbitrariedades en el uso de la fuerza, de lo que da cuenta el incremento de más del 500% de quejas por tortura y malos tratos en instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, la investigación de los casos de tortura ha sido muy deficiente, y se ha empleado inadecuadamente el Protocolo de Estambul. El resultado es una impunidad absoluta a nivel federal, es decir con menos del 1% de sentencias condenatorias conocidas durante los últimos doce años, respecto de la información relativa a las denuncias recibidas por las procuradurías de justicia y las comisiones públicas de derechos humanos.