México vive una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad, que afecta de manera particular a amplios sectores de la población que viven en situaciones de desigualdad estructural por razones económicas (recordando que aproximadamente la mitad de la población vive en la pobreza1), o por algún o múltiples componentes de su identidad y pertenencia a grupos sociales históricamente discriminados. En el presente informe, tras una breve actualización del marco normativo mexicano, analizaremos esta triple crisis enfatizando la necesidad de revertir la impunidad como requisito básico para el goce de cualquier derecho humano en nuestro país. Posteriormente, daremos cuenta de la situación de incumplimiento que prevalece respecto a las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU en 2009 y 2013. Cerramos con propuestas para que el Consejo de Derechos Humanos pueda impulsar la efectiva implementación de recomendaciones en el presente ciclo del EPU de México.

Desde el segundo ciclo del EPU, México ha aprobado reformas y leyes que significan avances notables en el marco normativo en materia de ciertos derechos humanos, pero constatamos deficiencias en la implementación y operación de diversas normas ostensiblemente protectoras, que han impedido un verdadero cambio para las víctimas y la sociedad mexicana.

De manera alarmante, durante este mismo periodo el Estado ha aprobado legislación que pretende legalizar la violación de derechos humanos y que amenaza de manera grave e inmediata la integridad y vida de sectores importantes de la población.