La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina. Pese a los altos niveles de violencia que este combate adquirió en algunas zonas y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se lo analizó desde una perspectiva de derechos humanos, ni en los ámbitos locales ni en los internacionales. Este escenario comenzó a cambiar. En marzo de 2014, por pedido de 17 organizaciones de 11 países de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática regional, la primera sobre este tema en sus 150 períodos de sesión. Esta publicación toma como punto de partida el diagnóstico presentado en esa oportunidad por esas organizaciones.

El paradigma prohibicionista ha incrementado de manera exponencial la militarización y la violencia asociada al nar- cotráfico. Al crearse un gran mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas complejas y cada vez más poderosas, los conflictos violentos han recrudecido en toda la región, en especial en las zonas empobrecidas en donde, además, han profundizado el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes.

Las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, sobre todo de aquellas que son judicializadas y enviadas a las cárceles, espacios que suelen caracterizarse por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención. Numerosos estudios han demostrado que estas políticas tienden a impactar de manera desproporcionada en ciertos grupos especialmente vulnerados, y por esa vía, reproducen la discriminación y la exclusión social.