En el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, México ha sufrido un alarmante incremento en los índices de violencia e inseguridad durante los últimos años. La estrategia de seguridad pública, basada en el uso de la fuerza y la militarización, ha tenido un importante impacto en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

En el marco de la estrategia de militarización, en 2011 dieron inicio los Operativos Conjuntos impulsados por los mandatarios estatales en el marco de la CONAGO. Éste tipo de operativos propone la coordinación de las 32 policías locales junto con la Policía Federal y el Ejército para la realización de acciones de combate a la delincuencia organizada. Este tipo de operativos tuvo como resultado una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, que han sido negados por las autoridades estatales y federales. Este es el caso del Sr. Joaquín Figueroa, asesinado extrajudicialmente en el estado de Veracruz y que se mantiene en la impunidad.

Las autoridades mexicanas han justificado el uso excesivo de la fuerza como necesario para combatir el crimen organizado, provocando la muerte de miles de personas inocentes. Los abusos por parte de las Fuerzas Armadas no cesarán hasta que no sea implementada una nueva estrategia de seguridad pública con apego irrestricto a los derechos humanos a cargo de autoridades civiles.