En diciembre del 2006 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció el inicio de una estrategia para combatir al crimen organizado que tuvo como uno de sus ejes centrales la militarización del país. Ello significó la salida de miles de soldados a las calles, en promedio se desplegaron 45 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante “SEDENA”) y 8 mil de la Secretaría de Marina (en adelante “SEMAR”) cada año; siendo el máximo despliegue justo los primeros meses de 2017 con 52,807 elementos de la SEDENA y 19,995 de la SEMAR. Además, la estrategia implicó la transferencia de soldados a la policía federal, incluso llegando ex militares o militares con licencia a ocupar el cargo en secretarías de seguridad pública estatales; la militarización de la seguridad pública estatal y municipal en algunas regiones del país y la realización de operativos conjuntos. Todo esto sin un marco legal que delimitara el actuar de las Fuerzas Armadas Mexicanas (en adelante “FAM”) y más aún, contraviniendo lo que marca la Constitución respecto de las facultades en materia de seguridad pública, exclusivas de la policía civil.

En ese contexto, se afirma que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad por actores estatales y no estatales. Es decir, se han cometido delitos que, por su gravedad, están contemplados en el derecho penal internacional (se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) y que cuando se cometen afectan a toda la sociedad en su conjunto. No son crímenes aislados, tienen la característica de cometerse de manera generalizada —es decir, que se dirigen hacia múltiples víctimas—, con patrones de actuación similares, es decir de forma sistemática —esto quiere decir, de conformidad con un plan o política, contra una población civil—.

Esa forma de combatir la delincuencia y concebir la seguridad ciudadana tuvo como consecuencia que se cometieran crímenes de lesa humanidad que se pueden agrupar de esta manera:

1) cometidos por militares,
2) cometidos por policías encabezados o adiestrados por militares,
3) cometidos por organizaciones delictivas,
4) cometidos por organizaciones delictivas en colusión con fuerzas de seguridad.

Este documento trata de la vida de 246 personas y sus familias, que son apenas una muestra de un número mayor de víctimas—en México el 92 por ciento de los crímenes, en promedio, no se denuncian—. Desde el año 2006, cuando se militarizó la seguridad pública del país, ha pasado más de una década y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto concluyeron sin castigar a los responsables de estos delitos. Y estos son los números: