Gravísimos incidentes de violencia contra la mujer tienen lugar todos los días en México a unos niveles intolerables.

Como ha sido reconocido por la CIDH, los actores estatales son fuente de violencia en México. La militarización de la seguridad pública, como política destinada a la guerra contra las drogas ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como el asesinato, tortura y desaparición forzada de mujeres.

La tortura, incluyendo la tortura sexual, es una práctica generalizada, que se utiliza para la obtención de confesiones, como método de investigación, utilizada desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. Esto fue confirmado por el antiguo Relator Especial sobre Tortura al expresar su “preocupación respecto del uso de la violencia sexual en forma alarmante en las investigaciones”. Por otro lado, Amnistía Internacional ha asegurado que “la policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a tortura y otros malos tratos y que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio”.

La impunidad de estos casos es alarmante, es el caso de que desde 2010 al 2015 no se había suspendido del servicio a ni un solo soldado por violación o abusos sexuales y en cuanto a la Marina, sólo se había suspendido a cuatro marinos. Tampoco se tiene conocimiento de condena por tortura sexual a mujeres.