Desde hace ya varios años, la sociedad civil, la academia y el Congreso de la Unión han llevado a cabo diversos foros y encuentros donde se ha dado un diálogo dinámico y polémico sobre la política de drogas en general y sobre la mariguana en particular. Existe, además, un debate global que por casi una década ha planteado alternativas a la política prohibicionista, que usa el derecho penal y la persecución policiaca como principal forma de control de sustancias y reducción de la oferta y la demanda. Así, con su convocatoria al Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana, el Gobierno Federal se suma a un debate que lleva años abierto. Nos preocupa que con ello pretenda exclusivamente ganar tiempo y sustituir la acción con una discusión estéril que no tome en cuenta todo lo avanzado en la deliberación previa y lo que la Corte Suprema ha resuelto en materia de derechos fundamentales.