Comparecemos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de entregar este amicus curiae, en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en el artículo 1o y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como de nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Este escrito tiene como objeto allegar elementos a la H. SCJN para demostrar que la figura del arraigo contraviene las obligaciones contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, además de que tal como está regulado en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) en su artículo 133 Bis, es contrario a la propia Constitución vigente antes y con posterioridad a la reforma Constitucional en 2008. En resumen, el arraigo por delitos graves como se establece en el CFPP contraviene la Constitución y, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.