A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad en México continúa siendo una constante. Según distintos informes, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez.

Diversos factores continúan obstaculizando el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia, así como la implementación adecuada del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la cual deberá concluir a más tardar en el año 2016.