Pese a algunos avances normativos, la mayor interlocución con el Sistema Interamericano e incluso las esporádicas decisiones de avanzada de algunos tribunales del país, la transformación del panorama nacional de patrones generalizados de abusos en contra de diversos grupos de la población y la implementación de medidas concretas para hacer vigentes los derechos humanos sigue siendo una deuda pendiente, condiciones que al contrario, se agravaron notablemente en los últimos años.

Las violaciones a derechos humanos incluyen entre 60,000 a 100,000 personas asesinadas en los últimos 6 años, así como 25,000 personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y/o asesinadas, el uso sistemático de la tortura y la fabricación de culpables, la discriminación estructural contra personas indígenas, los secuestros a decenas de miles de migrantes, la persistente violencia contra las mujeres en ámbitos públicos y privados, el saqueo del medio ambiente y de las tierras de las comunidades y niveles alarmantes de pobreza y pobreza extrema.