La CMDPDH en el 48º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
Luego de 15 años de una fallida guerra contra las drogas, México sigue inmerso en una grave crisis de violencia caracterizada por la impunidad, por crímenes atroces, torturas, desapariciones y ejecuciones arbitrarias, estas violaciones a los derechos humanos han sido cometidas por grupos del crimen organizado y agentes inmobiliarios y han dejado cientos de miles de víctimas sin acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La impunidad en México ha sido una constante por décadas. Las víctimas que continúan en la lucha se han convertido en personas de edad muy avanzada y el daño causado por el Estado ha trascendido incluso a sus hijos y nietos. Este daño transgeneracional ha profundizado los impactos psicosociales de estas personas, quienes además de sufrir las pérdidas de su propia generación, temen que su vida termine sin obtener justicia. Por ello, solicitamos su asistencia para impulsar al Estado a: Garantizar a las víctimas de edad avanzada condiciones dignas de subsistencia en esta etapa de su vida e implementar mecanismos urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación.
Los altos niveles de violencia han dado lugar a una crisis forense no son extraños los informes de morgues y servicios médicos saturados de cuerpos y el recurrente hallazgo de fosas clandestinas por parte de los familiares de las personas desaparecidas a la fecha siguen sin ser identificados 52 mil cuerpos y muchos de ellos permanecen en el servicio médico forense de fosas comunes o en algunos casos son incinerados o donados a universidades
La CMDPDH en el 47º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
En 2020, más de 9,700 personas fueron desplazadas por la violencia en México. Este año, ya
hemos documentado más de 3,000 casos. Lejos de retratar su totalidad y complejidad, estos
datos son solo una pequeña muestra del fenómeno.
El municipio de Aldama, en el estado de Chiapas, se encuentra bajo constantes ataques
armados. Esto ha obligado a la población a desplazarse de manera intermitente, refugiándose
en las montañas para proteger sus vidas. Desde 2018, decenas de personas han muerto y
resultado heridas a causa de este conflicto agrario.
En México, la violencia contra la mujer continúa en aumento, con una tendencia de muertes,
entre otras, por el uso de las armas de fuego, con un total de 1.5 mujeres víctimas por cada
100, 000 habitantes. Tan solo durante el primer trimestre de 2021, ocurrieron 954 homicidios
dolosos contra mujeres, 239 clasificados como feminicidios.
Desde que en 2006 México instrumentó una política de seguridad basada en el uso de la
fuerza armada y militar, las ejecuciones extrajudiciales en el país han ido en aumento. El
gobierno actual, profundizó la militarización primero con la Guardia Nacional, una
corporación con integrantes y mandos militares que, a marzo de 2021, sumaba 451 quejas
ante el ombudsperson. Así como con la emisión de un Acuerdo que habilita el despliegue de
las fuerzas armadas por 5 años, sin que se garantice que sus funciones sean
extraordinarias, reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias.
La CMDPDH en el 46º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
Según la documentación de nuestra organización, a nivel federal el 0.1% de investigaciones penales llega a una sentencia. De las denuncias de tortura presentadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de 2009 a 2016, identificamos varios patrones: víctimas que han sido torturadas en una instalación oficial, la mayoría de ellas acusadas y encarceladas por delitos falsos, actos que son ocultados por altos mandos y justificados bajo la estrategia de seguridad pública.
México ha experimentado una grave crisis de violación de los derechos humanos en los últimos años la cual se ha acentuado durante la emergencia sanitaria. Las circunstancias previas de violencia, como los asesinatos y las desapariciones, por parte de los grupos criminales y del Estado se ha fortalecido durante la pandemia, y ha logrado debilitar la labor de las personas defensoras.
La política de detención generalizada instaurada en contra de personas migrantes en situación irregular produce violaciones a múltiples derechos, entre ellos los culturales. En detención, no existen políticas que garanticen el libre ejercicio de prácticas religiosas, ni existe la posibilidad de que las personas accedan a alimentación o atención médica culturalmente adecuadas.
La CMDPDH en el 44º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
El año pasado, por ejemplo, se constitucionalizó un modelo de seguridad pública de corte militar. Pese al Acuerdo de cooperación que firmó su Oficina con el Estado para reforzar el carácter civil de la Guardia Nacional, hace unos días el Presidente publicó un Acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e investigación, sin mecanismos de control y supervisión de carácter civil.
Señor Relator, en nuestro país existen más de 60 centros de detención migratoria donde, por periodos prolongados e indefinidos, se priva de la libertad a personas extranjeras, incluyendo niñas y niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, víctimas de tortura, y de trata de personas. Gran parte de estos centros de detención presentan gravísimas condiciones de hacinamiento, al operar al 400% o 500% de su capacidad.
Desde que se creó la Guardia Nacional, institución integrada principalmente por militares, ya existen 49 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tan solo durante los primeros cuatro meses de 2020, hemos registrado 405 civiles y 23 miembros de las fuerzas armadas fallecidos en enfrentamientos, esto es 18 civiles muertos por cada efectivo militar.
El desplazamiento interno forzado, es un problema creciente en México. A pesar del reconocimiento gubernamental del fenómeno en abril de 2019, todavía no existe un diagnóstico formal de la problemática, ni políticas públicas especializadas para atender a las personas desplazadas de manera integral, de forma que la población aún se encuentra invisibilizada y desatendida.
Tan solo en el 2019 hemos identificado 27 episodios de desplazamiento interno en ocho estados del país, los cuales afectaron al menos 8 mil personas.
La CMDPDH en el 43º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
En línea con el mismo, manifestamos nuestra preocupación por los diversos entornos torturantes que hemos identificado en estaciones migratorias en México. La falta de condiciones higiénicas, de ventilación, iluminación y alimentación adecuada, son algunos de los problemas que viven las personas migrantes detenidas en el país.
En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación por la situación en la cual se encuentra la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México. Pobladores y personas defensoras de los derechos ambientales y culturales de esta comunidad, se encuentran en peligro por la construcción de una autopista. De concluirse la construcción de este megaproyecto, su bosque, en el cual se encuentran sus santuarios, así como su identidad cultural, pondrían en peligro su existencia.
Como usted lo pudo constatar, en países como México, la violencia armada y los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad, han puesto en serio riesgo la labor de defensa de derechos humanos. Habemos organizaciones quienes incluso consideramos, que la violencia en México, ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente y organización necesaria para catalogar la situación del país, como un conflicto armado.
La CMDPDH en el 42º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la ONU
Señora Alta Comisionada, agradecemos la actualización de su informe y al igual que Usted, nos encontramos preocupadas por las violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en México. Durante los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos de tratados y visitado por procedimientos especiales de este Consejo.
Agradecemos los informes del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y del Relator sobre verdad, justicia y reparación. Coincidimos con el informe del Sr. Salvioli, los programas nacionales podrían ser recursos adecuados y efectivos para proporcionar reparación a las víctimas. En México, la ineficacia operativa y la carencia de una visión integral de atención del Sistema Nacional de Víctimas, ha culminado en su victimización secundaria. Incluso, las víctimas se han visto en la necesidad de litigar en contra de la institución que debiera hacer efectivos sus derechos.
México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
El 70% de las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales en México han sido cometidas por las fuerzas armadas.
La CMDPDH en el 41º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Tal como usted pudo atestiguar después de reunirse con víctimas y familiares, en México no hay confianza en nuestro sistema de justicia debido a la impunidad crónica de todos los delitos cuando se trata de violaciones a derechos humanos que involucran a funcionarios del aparato de seguridad.
Tan solo en febrero del 2019, en un enfrentamiento armado, elementos del Ejército y la Policía de Michoacán ejecutaron a 8 civiles. En mayo, la policía del Estado de Coahuila ejecutó a dos civiles. En marzo, durante enfrentamientos armados entre civiles y militares en el estado de Tamaulipas, dejaron un saldo de 10 muertos. La semana pasada, cuatro civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército mexicano en la Sierra de Guerrero. Estas, son noticias que leemos en los diarios mexicanos cotidianamente. No obstante, estos casos quedan en absoluta impunidad.
Agradecemos los Informes de los Relatores. Tal y como se los hicimos saber un grupo de organizaciones mexicanas en días recientes, nos sentimos profundamente preocupadas por el ambiente hostil que viven periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México para ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la libertad de expresión. La violencia contra defensores y periodistas ha incrementado de forma alarmante. Tan solo en los últimos seis meses, al menos 11 defensores y 10 periodistas han sido asesinados.
Agradecemos el Informe del Relator sobre los derechos de los migrantes en relación a las mujeres y niñas migrantes. Coincidimos en que ellas se ven afectadas de manera singular por la discriminación, el abuso y la violencia por razón de género. De forma muy lamentable, en México, el pasado 17 de mayo, una menor de edad de nacionalidad guatemalteca falleció mientras estaba bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración en una estación migratoria en la Ciudad de México. Razón por la cual, después de un juicio de amparo impulsado por organizaciones mexicanas, el Poder Judicial en México ordenó a esta instancia la identificación inmediata de niñas, niños y adolescentes detenidos en dicha Estación Migratoria.
Nos preocupa mucho que en México se ha experimentado un incremento sostenido y alarmante de violencia contra las mujeres, en particular de feminicidios. En este año, hemos alcanzamos una cifra promedio de 10 mujeres asesinadas cada día, lo cual se une a la falta de acceso a la justicia, el cual es también uno de los grandes problemas que subsiste en el país. En México, a la mujer víctima de violencia se le minimiza, se les revictimiza o se niega el reconocimiento de estos delitos como feminicidio. Las autoridades mexicanas, no contemplan las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de género.
La CMDPDH en el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Hace un año, organizaciones y defensoras de derechos humanos vinieron a este Consejo a advertir sobre la CRITICA situación de derechos humanos que enfrenta nuestro país. Advirtieron a la comunidad internacional sobre los alarmantes índices de IMPUNIDAD e INDOLENCIA de las instituciones mexicanas para investigar, sancionar y reparar a las miles de víctimas de crímenes atroces, particularmente los cometidos por las Fuerzas Armadas. Hoy, en México tenemos un nuevo gobierno, en el cual millones de mexicanas y mexicanos depositamos esperanza.
Defensores de derechos humanos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que hemos abiertamente contribuido de forma especializada y profesional por una #SeguridadSinGuerra, una #FiscalíaQueSirva y pugnamos por designaciones transparentes y de personas idóneas en puestos claves de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia, nos encontramos hoy, sin exageración alguna, bajo asedio por el Presidente de México. Se nos ha acusado de forma generalizada e infundada de corruptas, e incluso de conservadoras.
Mi nombre es Tita Radilla y llevo 44 años en una digna lucha por la justicia, el hallazgo y la implementación de garantías de no repetición por la desaparición forzada de mi padre, Rosendo Radilla Pacheco. Mi padre fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez en Guerrero. La última vez que fue visto, fue en el ex Cuartel Militar de este municipio después de haber sido detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974.
La CMDPDH en el 38ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Lamentamos que sus importantes y valiosas 14 recomendaciones que dirigió al Gobierno de México para revertir la crítica situación de derechos humanos e impunidad, no hayan sido atendidas. Por el contrario, después de su visita, se adoptó una Ley que faculta a las Fuerzas Armadas del país para ejercer tareas de seguridad pública. Pese a la evidencia y los riesgos que su Oficina y otros procedimientos especiales de este Consejo advirtieron a tiempo en torno a esta Ley, el Gobierno mexicano los desestimó.
Muchas de nosotras, hemos dejado de ser víctimas y nos hemos convertido en defensoras de derechos humanos, porque mi caso, no es el único, la desaparición forzada en México, es un problema generalizado. La falta de voluntad de las fiscalías para enjuiciar a funcionarios públicos, ha sido una constante, el ocultamiento, la alteración o fabricación de evidencias, así como la falta de independencia de servicios forenses y de protección de testigos, son algunas de las razones por las cuales México tiene una crisis profunda de impunidad.
México debe proteger los derechos de las personas internamente desplazadas. Por ello, solicitamos a la Relatora Cecilia Jiménez, que junto al Estado mexicano, realicen, en el marco del vigésimo aniversario de los Principios Rectores, análisis integrales del fenómeno y adopte una legislación para proteger a las víctimas de desplazamiento en México.
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Como ha sido reconocido por la CIDH, los actores estatales son fuente de violencia en México.1La militarización de la seguridad pública, como política destinada a la guerra contra las drogas ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como el asesinato, tortura y desaparición forzada de mujeres.
La CMDPDH en el 37ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Soy un cineasta y ciudadano que, como miles de mexicanos y mexicanas de mi país, estoy harto de la violencia e impunidad. En México, contamos a nuestros muertos y desaparecidos en millares. La cifra no ha dejado de incrementar, el dolor de familias y comunidades enteras, tampoco.
En particular, nos preocupa que tal y como lo identificó el Sr. Forst, las defensoras y los defensores de derechos humanos en México que denunciamos actos de tortura hemos enfrentado una serie de campañas de difamación y ataques virulentos en nuestra contra, acusándonos falsamente de apoyar a criminales.
Confiamos que este informe será seriamente considerado por Estados como México, en donde cada vez existe más evidencia que hay un patrón generalizado y sistemático de comisión de los crímenes de lesa humanidad de tortura, desaparición forzada y asesinatos perpetrados por el crimen organizado en colusión con fuerzas policiales y militares.
Agradecemos el informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada y las orientaciones concretas para la aplicación de estrategias de vivienda eficaces y basadas en derechos. En particular, coincidimos en que las estrategias deben abordar las necesidades de los diversos grupos de población, como lo son las personas que han sido desplazadas de manera forzada y que han perdido su vivienda a causa de conflictos.
La CMDPDH en el 35ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
No obstante, en democracias como México, existen circunstancias que actualmente amenazan gravemente la independencia y autonomía del sistema de procuración y administración de justicia. Éstas tienen que ver en gran medida con los procesos de designación de las autoridades a la cabeza de dichas instituciones.
Cuando señalamos actos de tortura, se nos acusa de ser “defensores de delincuentes”, cuando exigimos reparaciones integrales a las instituciones del Estado para las víctimas de violaciones a derechos humanos se nos señala de “mercenarios de derechos humanos”, o cuando evidenciamos los abusos y violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas del país, se nos llama “antipatriotas”.
Agradeceríamos que la Relatora alentará a que en los Estados afectados por los desplazamientos internos, como lo es México, adquieran compromisos a nivel nacional, incluidas medidas para incorporar los Principios Rectores en las políticas y leyes nacionales para la protección de los derechos humanos de los desplazados internos.
En países como México, los preocupantes niveles de impunidad reflejan la falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y procesar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales. Casos como el de Tlataya en donde fueron ejecutadas 22 personas por el ejército, las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Parral y Jethro Ramses, cometidas en 2010 y 2011 y cuyos padres siguen en búsqueda de justicia o la recién ejecución a un civil en Palmarito, Puebla siguen estando impunes.
En primer lugar, quisiéramos destacar la importancia de la visita realizada por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas a nuestro país, y especialmente su atención a casos emblemáticos de afectaciones a los derechos humanos por parte de empresas, entre ellos el de la comunidad indígena que represento y donde tuvimos el honor de recibirles, San Francisco Xochicuautla.
La CMDPDH en el 34º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La CMDPDH en el 33º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La CMDPDH en el 32° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Intervenciones ante el Consejo
Eventos Paralelos
Declaraciones orales de la CMDPDH en el 31° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Declaraciones orales de la CMDPDH en el 30° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Declaración oral conjunta con APT y OMCT sobre Arraigo
Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas
Panel: El Problema del Imapcto Mundial de Dogras en los Derechos Humanos
La CMDPDH en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre cuestiones de las minorías
The Mexican Commission for the Defence and Promotion of Human Rights wants to draw the Council and the Special Rapporteur’s attention to the situation of the forced internally displaced people in Mexico, who are a minority group who face extreme vulnerability in various states of the country.
Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Coincidimos en la apreciación del Relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México. Sin embargo, la CMDPDH conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil hemos podido constatar que la tortura también se ha aplicado de manera sistemática en el contexto de la guerra contra la drogas, como herramienta para la investigación, con el objeto de extraer testimonios o confesiones, incriminatorios. Tal como lo señaló el Relator en su informe, las víctimas de tortura generalmente son señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, de portar sustancias prohibidas y a muchas de ellas nunca se les puede probar delito alguno.
Debate interactivo con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
En relación a la violencia desencadenada por el crimen organizado y sus nexos con las fuerzas de seguridad estatales, queremos hacer de su conocimiento que desde que en 2006 el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en marcha una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado llamada guerra contra el narcotráfico, la comisión de violaciones a derechos humanos ha incrementado alarmantemente.
Eventos Paralelos
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA EN MÉXICO
Los objetivos específicos del evento fueron: Sensibilizar sobre la situación de las mujeres defensoras en México, particularmente como sobrevivientes o familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Aumentar el conocimiento entre la comunidad internacional sobre el importante papel que juegan los mecanismos internacionales en la protección de mujeres defensoras de derechos humanos. Incrementar acciones en apoyo a la seguridad y protección de defensores/as llevadas a cabo por la comunidad internacional.
TORTURA E IMPUNIDAD EN MÉXICO
El 9 de marzo, Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó su informe sobre la situación en México ante el Consejo de Derechos Humanos. En él destaca que la tortura en México es generalizada. El evento paralelo tuvo como fin presentar las conclusiones y recomendaciones de su reciente informe y entablar un diálogo con representantes del Estado mexicano en relación al mismo.