En el Caso de Paloma, la CMDPDHJusticia para Nuestras HijasCentro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua, hemos asumido la representación de las víctimas.

El sábado 2 de marzo de 2002 en la Ciudad de Chihuahua, Paloma Escobar, de 16 años de edad, salió de su casa a las 15:15 horas rumbo a sus clases de computación en la escuela ECCO, donde también estudiaba la preparatoria, y ya no regresó. Ese mismo día, al ver que Paloma tardaba tanto en llegar, su madre, Norma Ledezma Ortega inició la búsqueda entre sus amigos y amigas, así como en diferentes instituciones gubernamentales. Al acudir a la escuela, se le informó que Paloma sí había asistido a clases y que había salido de acuerdo a su horario.

Por su desaparición, su madre interpuso el 3 de marzo una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la cual dio inicio a una averiguación previa en la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua.

 

El 29 de marzo de 2002 el cuerpo de Paloma Escobar Ledezma fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama. El dictamen pericial concluy entre otras cosas, que se trató de una muerte violenta con características de homicidio doloso, siendo la causa de la muerte una luxación en la columna vertebral. 

En la averiguación previa se han realizado diversas diligencias pero hasta la fecha, no ha sido resuelta por la fiscalía correspondiente, además a lo largo del procedimiento se han observado graves deficiencias en la investigación del caso. Las investigaciones han excedido el plazo considerado razonable, dicho retraso en la investigación se generó por obstáculos imputables a las autoridades estatales, como la siembra de una evidencia por parte de la comandante, entonces jefa del Grupo Especial de la Policía Judicial mencionado.

Los hechos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 30 de diciembre de 2003 por violaciones a diferentes artículos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso fue admitido por dicho organismo internacional el 14 de marzo de 2006, mediante el Informe de admisibilidad N° 32/06.

El 2 de agosto de 2010 la CIDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a los derechos del niño y a la igual protección de la ley en perjuicio de Paloma, y al derecho a la integridad personal y el derecho a las garantías y protección judicial en perjuicio de los padres y hermano de Paloma. La CIDH emitió nueve recomendaciones al Estado mexicano, respecto a la reparación del daño a los familiares de Paloma, medidas de no repetición, así como capacitación a funcionarios y protocolos de investigación.

El 3 de agosto de 2011 el Estado de México suscribió con la señora Norma Ledezma y el señor Fabián Alberto Escobar Ledezma, padres de Paloma y sus representantes un Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo de la CIDH. Como parte de las acciones que el Estado mexicano impulsó en el marco del cumplimiento de las Recomendaciones del caso de referencia, se encuentra la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; sin embargo el caso a la fecha se encuentra en seguimiento, pues solamente se ha cumplido una de las nueve recomendaciones que le fueron formuladas al Estado mexicano, referente a medidas de satisfacción; quedando pendiente, entre otras, las recomendaciones sobre la investigación del caso y sanción a los responsables.

En el caso de Paloma, su madre, la señora Norma Ledezma ha desempeñado un papel trascendental en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, pero no solamente para su hija sino para cientos de víctimas. En marzo de 2002, Noma hizo un juramento de justicia a Paloma, siendo este hecho el detonador de la creación de la organización Justicia para Nuestras Hijas, misma que fue constituida formalmente en 2005.

A través de la organización Norma da acompañamiento a familias de víctimas de feminicidio, desaparición; trabajando en contra de la violencia familiar, la violencia de género, la trata de personas. El trabajo de Justicia para Nuestras Hijas no solamente versa sobre la investigación y sanción de los delitos, sino también en la parte preventiva, a través del el Programa de Educación Continua para la Prevención de la Violencia de Género y Trata de Personas, conocido como el Programa “Siempre Presentes”. 

 

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