Señora Relatora, los Ponce Ríos somos una familia de más de 100 personas originarias de Ciudad Delicias y Saucillo, Chihuahua, que sufrimos un desplazamiento interno forzado en 2013 debido a una serie de agresiones que se dieron en un contexto de violencia e impunidad generalizadas, las cuales ocurrieron en el marco de la violencia generada y agravada a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Hemos sido víctimas de múltiples delitos perpetrados por integrantes de la delincuencia organizada, incluso como represalia y a pesar de las denuncias interpuestas en su contra.
A casi 10 años del desplazamiento, nuestra familia se ha dispersado por distintas regiones del país, y nuestros derechos, sueños, ahorros y planes a futuro se han visto desvanecidos por la falta de una respuesta adecuada a nuestra situación, así como por la crisis de violencia y graves violaciones a derechos humanos que continúa azotando a nuestro país. A pesar de que fuimos víctimas de agresiones y desplazamiento, hemos sido criminalizados, investigados y revictimizados por distintas autoridades del Estado, y seguimos sin recibir las medidas de atención y reparación integrales a las que tenemos derecho y que nos permitirían alcanzar una solución duradera.
Con el acompañamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y mediante el emprendimiento de acciones judiciales, hemos logrado nuestro reconocimiento y registro como víctimas de desplazamiento interno forzado y de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual derivó en la emisión de una Recomendación por parte de ese organismo que prevé nuestro derecho a la atención integral mediante la implementación de un Programa de Atención Integral, así como medidas de rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.
Nuestro caso es una excepción. Son pocas las víctimas de desplazamiento interno en México que han tenido la oportunidad de organizarse, luchar, contar con acompañamiento y representación jurídica, y obtener la visibilidad y los logros que ha tenido nuestro caso. Sin embargo, estos logros no se han materializado y ni así hemos logrado obtener la respuesta que necesitamos y a la que tenemos derecho.
La CEAV ha sido omisa y ha actuado con dilación en la atención integral a nuestra familia. Además, no hemos obtenido una reparación integral del daño como lo prevé la Ley General de Víctimas y actualmente nos encontramos en litigio contra la CEAV por este tema.
El Estado no ha logrado el cumplimiento de la Recomendación emitida por la CNDH. Durante el proceso de seguimiento a la Recomendación, las autoridades han demostrado su incapacidad para garantizar justicia, así como falta de preparación y organización; falta de voluntad y mecanismos de cooperación interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno, y falta de voluntad para flexibilizar y adaptar las reglas y programas existentes para que puedan aplicarse a nuestro caso. El exceso de burocracia y la falta de voluntad de parte de las autoridades ha ocasionado que este proceso sea extremadamente lento, ineficiente y revictimizante.
En cuanto a nuestra búsqueda de justicia, hemos denunciado delitos de secuestro, homicidio, robo y saqueo que nuestra familia sufrió desde los años 2010 y 2013 — hechos que nos obligaron a desplazarnos. Si bien se ha logrado obtener una sentencia condenatoria, no se han emitido otras órdenes de aprehensión contra la gran mayoría de los probables responsables. En particular, las investigaciones no se han realizado con la debida diligencia, se nos ha dejado la carga de la prueba, se nos ha revictimizado, e incluso se ha intentado criminalizarnos.
Finalmente, queremos informar que debido a la lentitud de los procesos que ya enunciamos y las diversas violaciones de derechos que continúan y se incrementan por el paso del tiempo sin obtener una respuesta gubernamental adecuada, próximamente presentaremos nuestro caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, con el objetivo de obtener resoluciones favorables que permitan sentar precedentes importantes para el país y la región, y permitan que nuestro caso finalmente tenga una pronta y adecuada resolución.
