Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021.
En su opinión 67/2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (en adelante “Grupo de Trabajo”) determinó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Hugo Martínez Gorostieta, víctima de tortura y detención arbitraria y le solicitó su liberación inmediata.
En atención a la decisión del Grupo de Trabajo, y al ser la única posibilidad de libertad para Hugo, hacemos un enérgico llamado al Estado para que indulte a Hugo, reconozca su inocencia y garantice su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En 2008, Hugo fue detenido sin órden judicial, torturado para confesar un delito que no cometió, procesado penalmente sin defensa jurídica y condenado a 113 años de prisión.
El Grupo de Trabajo subrayó que le preocupa que el caso de Hugo indique un problema sistémico de detención arbitraria en México que pudiera llegar a constituir una violación grave del derecho internacional y, bajo ciertas características, un crimen de lesa humanidad. Considera, asimismo, que es momento adecuado para realizar otra visita al país, misma que ya ha solicitado en varias ocasiones al Estado mexicano.
El pasado 17 de enero, el Grupo de Trabajo notificó su opinión número 67/2021 (A/HRC/WGAD/2021/67), en la que manifestó su preocupación en torno a la sistematicidad con la que ocurre la detención arbitraria en México y pidió al Gobierno liberar inmediatamente a Hugo Martínez Gorostieta (en adelante “Hugo”), víctima de tortura y detención arbitraria cometidas por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México).
El 29 de octubre de 2008, agentes de la PGJDF detuvieron a Hugo Martínez Gorostieta en su lugar de trabajo, sin presentar una orden de detención ni un mandato judicial. Posteriormente, Hugo fue trasladado a un terreno baldío donde los policías lo sometieron a tortura y otros tratos crueles e inhumanos para que confesara un secuestro que no cometió. Además, Hugo fue incomunicado por al menos 10 horas el día de su arresto, exhibido ante medios de comunicación como integrante de una banda de secuestradores, sometido a procedimientos penales sin defensa jurídica y condenado a 113 años de prisión con base en pruebas obtenidas de forma ilegal. En pocas palabras, la culpabilidad de Hugo fue fabricada por el Estado en violación de sus derechos humanos.
Mediante sentencia de 21 de mayo de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante “SCJN”) reconoció que la detención de Hugo fue arbitraria; sin embargo, no ordenó su libertad. Así, Hugo lleva casi 14 años privado injustamente de la libertad y se enfrenta a una condena perpetua e inapelable que sólo un indulto del ejecutivo podría evitar.
El Grupo de Trabajo concluyó que la detención de Hugo fue arbitraria por las siguientes razones:
1. El Estado violó los derechos de Hugo a la libertad personal, protección judicial y presunción de inocencia pues Hugo fue detenido sin cargos, torturado y desaparecido por casi 24 horas; además de que fue sujeto a prisión preventiva oficiosa, una figura arbitraria que no admite consideraciones individualizadas sobre su necesidad y proporcionalidad.
2. Se violó el derecho de Hugo al debido proceso y a un juicio imparcial, ya que se le negó su derecho, como persona privada de la libertad, a una supervisión y un control efectivos por parte del poder judicial. Igualmente, el Grupo de Trabajo determinó que en el caso de Hugo no se observaron las reglas fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial, pues tras su detención, y una vez que el Ministerio Público se allegó de forma ilegal y arbitraria de pruebas, la PGJDF ejerció la acción penal en su contra y con base en ello se inició la causa penal que terminó con la imposición de una pena de 113 años de prisión y sanción pecuniaria.
3. A Hugo también le ha sido negado su derecho al debido proceso porque las autoridades han ignorado actuar en consecuencia de la determinación del fallo de la SCJN, que determinó que Hugo había sido detenido arbitrariamente.
4. El Estado discriminó a Hugo, en violación a sus derechos a la igualdad, igualdad ante la ley y a la no discriminación. Ello, en tanto la prisión preventiva oficiosa a la que fue sometido, y que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución, ordena la detención automática de un determinado grupo de personas acusadas de ciertos delitos y ofreciéndoles así un trato desproporcionadamente discriminatorio.
Consideramos que el caso de Hugo Martínez Gorostieta se inserta en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos del Estado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil para fabricar culpables. En este sentido, el Grupo de Trabajo destacó su preocupación ante la gran cantidad de casos de privación arbitraria de la libertad en México que ha recibido en los últimos años. El Grupo de Trabajo indicó que “le preocupa que esto indique un problema sistémico con la detención arbitraria en México que, de continuar, puede equivaler a una grave violación del derecho internacional” y enfatizó que “[e]n determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de libertad en violación de las normas del derecho internacional puede constituir crímenes de lesa humanidad”.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo recordó que su última visita a México fue hace casi 20 años, en noviembre de 2002, por lo que considera que es momento adecuado para realizar otra visita, misma que ya ha solicitado en varias ocasiones al Estado mexicano. Por último, cabe mencionar que, en atención a las particularidades del caso, y dadas las implicaciones que tiene para otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo decidió remitir el caso de Hugo Martínez Gorostieta al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Hacemos un atento y enérgico llamado al Estado mexicano a que, como consecuencia de la decisión del Grupo de Trabajo, indulte inmediatamente a Hugo Martínez Gorostieta, reconozca su inocencia, se disculpe públicamente por su tortura e injusta privación de la libertad y le garantice una reparación integral. Asimismo, solicitamos al Estado convocar a la brevedad una mesa interinstitucional para implementar la decisión del Grupo de Trabajo, a fin de cumplir con el plazo de 6 meses impuesto por dicho Grupo para proporcionar información sobre el seguimiento al caso de Hugo.
Finalmente, solicitamos al Estado mexicano aceptar cuanto antes la solicitud del Grupo de Trabajo para visitar el país, a fin de atender la grave crisis de detenciones arbitrarias que ocurren de manera generalizada y sistemática en México.
Contacto
Eva Patricia Avilés Gómez
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