En México los actos de tortura se han convertido en algo cada vez más común y denunciar no implica un verdadero acceso a la justicia.
Según la documentación de nuestra organización, a nivel federal el 0.1% de investigaciones penales llega a una sentencia. De las denuncias de tortura presentadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de 2009 a 2016, identificamos varios patrones: víctimas que han sido torturadas en una instalación oficial, la mayoría de ellas acusadas y encarceladas por delitos falsos, actos que son ocultados por altos mandos y justificados bajo la estrategia de seguridad pública.
Tal es el caso de Hugo Martínez Gorostieta, un padre de familia que en 2008 fue detenido, torturado y obligado a firmar una declaración autoinculpatoria. Hugo no ha logrado recuperar su libertad. Este caso es solo un ejemplo para demostrar que en México no importa haber sido torturado: la impunidad y la fabricación de culpables siempre se sobreponen.
Las personas que han sido torturadas son víctimas de la opacidad y la complicidad institucional. Por ello, lanzamos la campaña Torturar no es justicia, para darle voz a familiares y sobrevivientes de tortura, quienes con sus historias sanan, visibilizan y ayudan a no olvidar.
Sr. Relator,
Solicitamos su asistencia para que en México se implemente adecuadamente la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; y mecanismos internacionales contra la impunidad.
Muchas gracias.
