Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación
Intervención de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 35º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
7 de junio de 2017
Agradecemos el informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Coincidimos en que, pese a la retórica creciente de ciertos Estados en el fortalecimiento y apertura de espacios para la sociedad civil organizada, cada vez enfrentamos más el cierre de los mismos y nuestra participación, en vez de ser más sustantiva y efectiva, se está convirtiendo en un simple requisito.
Sr. Vicepresidente
En países como México, las organizaciones de la sociedad civil con voces críticas, cada vez estamos más expuestas a la difamación y estigmatización que directa e indirectamente merma nuestros derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Cuando señalamos actos de tortura, se nos acusa de ser “defensores de delincuentes”, cuando exigimos reparaciones integrales a las instituciones del Estado para las víctimas de violaciones a derechos humanos se nos señala de “mercenarios de derechos humanos”, o cuando evidenciamos los abusos y violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas del país, se nos llama “antipatriotas”.
Sr. Vicepresidente
Durante este año, los defensores de los derechos humanos y periodistas que buscan la verdad desmantelando las redes de corrupción y vinculación entre las instituciones del Estado y el crimen organizado han visto afectado su derecho a reunirse pacíficamente y a asociarse con libertad.
Tan solo en mayo de este año, dos periodistas y una defensora que investigaban esos vínculos sufrieron atentados contra su vida. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue asesinada el 10 de mayo en su domicilio en el estado de Tamaulipas, participaba en la búsqueda de personas desaparecidas desde la desaparición de su hija. Mientras que el 15 de mayo, el periodista Javier Valdez Cárdenas fue ejecutado en Sinaloa y Jonathan Rodríguez Córdova resultó muerto en Jalisco en un atentando contra su madre, la periodista Sonia Córdova.
Estos lamentables hechos, deben urgir al gobierno mexicano a garantizar los derechos a la reunión pacífica y la asociación garantizando la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, e informan a la sociedad.
Sr. Vice Presidente, Sra. Relatora, solicitamos su intervención para instar al Gobierno de la República a establecer el Consejo Asesor contra la impunidad, recomendado por el Alto Comisionado, integrándolo por personas expertas nacionales e internacionales, para que recomiende estrategias para revertir la tasa de impunidad prevaleciente en México y de esta forma garantizar los derechos humanos incluyendo la libertad de reunión pacifica y de asociación.
Muchas gracias.
