Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016.- La reforma a la Ley General de Víctimas avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos el martes 25 de octubre, es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México.
Si bien la reforma se propone reducir en parte la estructura y los procesos burocráticos que impedían por completo el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, es sumamente preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político. En particular por los puntos a continuación:
1. Las Comisiones del Senado que avalaron el dictamen apoyaron un acuerdo político –tal como lo manifestaron en la sesión– para que el Presidente designe al titular del organismo (una primera vez por un periodo de tres años). Esta decisión, además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que hemos acompañado el proceso de reforma. Adicionalmente es preocupante que no se incluyó la cláusula propuesta por diversos colectivos de víctimas y organizaciones, de excluir en el proceso de selección como candidatos/as a quienes han venido desempeñando cargos de comisionados y comisionadas, toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años y con suficiente evidencia no estar a la altura de la tragedia que vive México.
2. La CEAV es un órgano operado políticamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la reforma consolida esta condición porque tendrá a la cabeza una Junta presidida por la misma Secretaría y conformada en su mayoría por autoridades (cuatro secretarios de Estado y el presidente de la CEAV, designado por el Ejecutivo Federal), sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la materia, lo cual deja a éstos sin la suficiente capacidad para vigilar y monitorear su funcionamiento y proponer acciones que favorezcan la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la Ley.
3. Las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma. No sólo hubo una negativa expresa para incluir la definición de este fenómeno y su característica de forzado en el articulado aprobado, sino que persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal.
4. Pese a que insistimos en incluir un proceso abierto, democrático y participativo en la construcción del reglamento interno de funcionamiento, esta solicitud fue, igualmente, desconocida. La participación en este proceso se sustenta por el conocimiento que tienen los colectivos y organizaciones, las necesidades de mejoras internas en cuanto a la estructura, los perfiles de sus empleados, el proceso de contratación y la revisión de los modelos de atención integral que han sido aprobados por el pleno saliente, entre otras consideraciones.
5. El Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año sino que será la Secretaría de Hacienda quien asigne los recursos “siempre y cuando” haya menos de un porcentaje determinado. Además, se limita a que víctimas recurran a peritos independientes o internacionales sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado.
Las consideraciones expresadas, minimizan el objetivo de la reforma aprobada. El poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie. De hecho, es un retroceso respecto a los controles que la Ley vigente tiene respecto a la designación y estructura. Las víctimas, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto merecen más que esto y la crisis de derechos humanos instalada en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida. Llamamos con urgencia al Pleno del Senado de la República y a la Cámara de Diputados a atender los puntos antes señalados.
FIRMAN
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COLECTIVOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio
Asistencia Legal por los Derechos Humanos
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Colectivo de mujeres desplazadas internamente de San Juan Copala
Colectivo Solecito- Veracruz
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Desaparecidos Justicia A. C Queretaro
Designaciones Públicas
Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
Enjambre DIgital
Familia Ponce Ríos desplazada internamente
Familiares en Búsqueda “María Herrera”, Poza Rica, Puebla, Morelos, D.F, Xalapa
Familiares en Búsqueda María Herrera, Xalapa
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos
Frontera con Justicia A.C. [Casa del Migrante de Saltillo]
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Grupo de Búsqueda de Fosas Clandestinas
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), A.C.
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)
Red de Enlaces Nacionales
Red por los derechos de la infancia en México, REDIM
Reverdeser Colectivo
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
Todos Ciudadanas A.C.
Union de Madres y Familiares Desaparecidos de Sinaloa Años 70
WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
ACADÉMICAS/OS, EXPERTOS/AS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS A TÍTULO INDIVIDUAL
Brenda Valdés Corona
Carlos Ríos Espinosa
Carolina Robledo Silvestre
Caudia Erika Zenteno Zaldívar
Defensora de los Derechos Humanos desplazada internamente del estado de Sinaloa
Ina Zoon
Jacobo Dayán
Jesús Robles Maloof
Julio Mata Montiel
Laura Rubio
Layda Negrete
Leticia Calderón Chelius
Maite Azuela
Norma Mesino Mesino
Séverine Durin
Silvano Cantú
Tita Radilla Martínez
