Agradecemos las observaciones y recomendaciones del Relator Especial sobre Tortura, Sr. Juan Méndez, contenidas en su informe relativo a la visita a México.

Coincidimos en la apreciación del Relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México. Sin embargo, la CMDPDH conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil hemos podido constatar que la tortura también se ha aplicado de manera sistemática en el contexto de la guerra contra la drogas, como herramienta para la investigación, con el objeto de extraer testimonios o confesiones, incriminatorios. Tal como lo señaló el Relator en su informe, las víctimas de tortura generalmente son señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, de portar sustancias prohibidas y a muchas de ellas nunca se les puede probar delito alguno.

Una situación que agrava la incidencia de tortura en México es la existencia de figuras como el arraigo, los testigos protegidos, y la participación de militares en tareas de seguridad pública. El arraigo es una medida privativa de la libertad, que consiste en detener a una persona sin que exista acusación en su contra, para garantizar el “éxito de la investigación”. La Comisión Mexicana ha documentado que personas que han sido arraigadas en cuarteles militares han sido víctimas de tortura.

Además del uso cotidiano de la tortura, lo que resulta inaceptable para un país como México es la impunidad. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República recibió más de 4 mil denuncias por tortura en el periodo de 2006 a 2014, de las cuales inició 1,005 investigaciones. No obstante, sólo se han consignado 11 casos y no se ha proporcionado por el Gobierno información sobre sentencias al respecto.

Señor Presidente,

La CMDPDH hace un llamado a los países miembros del Consejo a que pongan especial atención de lo que actualmente sucede en México. Como han podido constatar en los últimos años se han acumulados las recomendaciones de todos los procedimientos de Naciones Unidas para que el país tome
medidas para detener las violaciones graves de derechos humanos que se están cometiendo en el contexto de la guerra contra las drogas, sin que a la fecha hayan dado resultados. Por ello, es apremiante que el Consejo de Derechos Humanos haga uso de sus amplias atribuciones de protección de derechos humanos en México.

Muchas gracias.

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