Consejo Directivo de la CMDPDH saluda mensaje de SEDENA rechazando el uso de la tortura

Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.-  Las y los integrantes del Consejo Directivo de la CMDPDH saludan el mensaje del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el General Salvador Cienfuegos Zepeda rechazando los hechos ocurridos en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, después de que se hiciera público un video en donde se muestra la participación de militares y una agente de la Policía Federal en actos de tortura y tratos degradantes. El video muestra las vejaciones a las que fuera sometida una mujer detenida, que se encontraba bajo la custodia de autoridades militares y civiles.

De acuerdo a los estándares internacionales la prohibición de la tortura es absoluta y no existe justificativo alguno que pueda permitir o tolerar su uso. Al contrario, su práctica debe ser prevenida y sancionada por los Estados.

Por ello, coincidimos con la aseveración del titular de la SEDENA en el sentido de que no se puede enfrentar “la ilegalidad con más ilegalidad”. De la misma forma coincidimos que cumplir con “sus obligaciones” “por ningún motivo implica o justifica actos ilegales”. Ahora las autoridades civiles de procuración e impartición de justicia deben investigar y castigar estos hechos.

Las declaraciones del General Cienfuegos son un mensaje importante dirigido a todo el personal militar, pero también constituyen un mensaje para toda la sociedad: la tortura no debe ser tolerada ni utilizada como un método de actuación; todas las autoridades deben respetar los derechos humanos, incluso en la difícil tarea de desarticular a los grupos de la delincuencia organizada. Garantizar la seguridad de todas y todos los que vivimos en el país, no es sólo un deber de las autoridades, es un derecho que debe ser salvaguardado por éstas y no será violando los derechos humanos como México avanzará en esta dirección.

Desde el Consejo Directivo de la CMDPDH, saludamos las declaraciones del General Cienfuegos, y reiteramos que éstas deben ser acompañadas de la cooperación con todas las autoridades civiles que investigan actos de tortura y otras violaciones graves a derechos humanos en el país. El mensaje más fuerte que las autoridades podrán dar en este sentido será el combate frontal a la impunidad.

Los hechos mostrados en el video visibilizan lo que diferentes órganos, organismos y mecanismos de derechos humanos internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras han expuesto respecto a la práctica generalizada de la tortura en el país.  Sin embargo, en los últimos meses, se han difundido mensajes en diversas notas de prensa y columnas de opinión deslegitimando a quienes piden la aplicación de la justicia y el respeto de los derechos humanos, organizaciones como la nuestra que han luchado por la prohibición de la tortura, denunciando su uso por parte de autoridades.
Actos criminalizantes y declaraciones de mala fe en los que se ha acusado a la CMDPDH de que “sirve al crimen organizado”, así como llamar “mafia” a quienes han luchado por décadas desde diferentes espacios por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, parecen tener como objetivo desviar la atención de lo que realmente sucede en México, en un contexto donde se ha denunciado que existe una “crisis de derechos humanos” en el país.

Por ello, desde el Consejo Directivo condenamos las acusaciones en contra de la CMDPDH, su director ejecutivo José Antonio Guevara, su fundadora, ex presidenta y miembro del Consejo Directivo Mariclaire Acosta, miembros del Consejo Directivo como Luis González Placencia, que buscan poner en entredicho el prestigio y reputación de la organización y de quienes han denunciado las injusticias en nuestro país.  Desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, criminalizando a las víctimas y posicionando mensajes de deslegitimación poco abonan al combate contra la inseguridad y la violencia al negar valores básicos de la convivencia social.

Hechos como los difundidos en el video o aquellos verificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones son una muestra más de la creciente necesidad de sumar esfuerzos para poner fin a la terrible práctica de la tortura en nuestro país, recordando que su uso únicamente produce más víctimas y nos aleja de la justicia.  Las autoridades civiles deben ahora realizar las respectivas investigaciones de manera imparcial, y sancionar a quienes resulten responsables.

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