México incumple obligaciones para proteger a las personas contra la desaparición forzada

México, D.F. a 4 de febrero de 2015.- Durante los pasados 2 y 3 de febrero, el Gobierno de la República y algunos estados del país fueron analizados por primera vez por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas en la materia.México es uno de los 44 Estados parte de dicha Convención, fue uno de sus principales impulsores y al haberla ratificado en marzo de 2008, se obligó a presentar un informe relativo a las medidas que se hayan adoptado en todo el país para implementarla, así como a cumplir las recomendaciones que al respecto efectúe dicho Comité, lo cual sucederá en los próximos días.

La CMDPDH, en octubre pasado, presentó al Comité un informe en el que se expuso el estremecedor resurgimiento de la desaparición de personas en México a partir del 2006, desde que comenzó la llamada “guerra contra las drogas”. A diferencia de lo que se vivió en nuestro país en los años de la llamada Guerra Sucia en que las desapariciones se cometían con motivos políticos, actualmente esta práctica se ha extendido a amplios sectores de la población.

Señalamos que con el inició de la estrategia para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico aún vigente, se le asignó a las fuerzas armadas un papel central en materia de seguridad pública y se han superpuesto las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos. La política de seguridad ha provocado un estado de violencia, impunidad y violaciones graves a derechos humanos.

Dado que la jurisdicción militar sigue vigente para investigar violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares, así como llevar a cabo investigaciones preliminares antes de declinar la competencia a las autoridades civiles – a pesar de las recientes reformas al Código de Justicia Militar – existe un alto grado de impunidad en los casos en que elementos militares son presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos.

Evidenciamos además que el Estado mexicano a la fecha no cuenta con investigaciones adecuadas y efectivas en materia de desapariciones forzadas, lo cual ha generado una muy alta cifra de impunidad. Por ejemplo, no se cuenta con información sobre funcionarios públicos civiles o militares que purguen pena de prisión por este delito, del gran universo cometido a partir de diciembre de 2006.

En el informe, enfatizamos sobre la inadecuada tipificación del delito de desaparición forzada a nivel federal, y que solo algunas de las entidades federativas del país han incluido a la desaparición forzada como delito en sus códigos penales. Aunado a lo anterior, constatamos que el país no prevé ningún tipo penal sobre la desaparición de personas cometida por particulares que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado.

En cuanto a la obligación del país, de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, a pesar de haber sido reconocido este derecho en la Ley General de Víctimas, a la fecha no ha sido asegurado.

Cabe destacar que México ha reconocido la competencia de prácticamente la totalidad de los órganos de tratados para tramitar quejas individuales, sin embargo se ha negado a hacerlo en el caso del Comité contra la Desaparición Forzada. Dado el lamentable contexto actual mexicano en materia de desapariciones y la superficial manera en que algunas autoridades responden internacionalmente a los reclamos de justicia, depositamos nuestra confianza en el Presidente Peña Nieto para que instruya a sus dependencias a entregar al Senado de la República, a la brevedad posible, el instrumento que permitirá dicho reconocimiento de competencia. Con ello el Gobierno de la República enviará una señal alentadora a las víctimas de la desaparición, pero sobre todo abonaría en la credibilidad que tanta falta le hace a su gobierno. Además, mostraría su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, al ofrecer alternativas legales, en vista de la falta de capacidad y voluntad de las instituciones del país para lograr justicia, verdad y reparaciones.