México, D.F. a 24 de marzo de 2014.– El próximo 27 de marzo, durante el 150º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevará a cabo la audiencia “Los desafíos en la implementación del sistema de justicia penal en México”, donde participarán Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.(IJPP), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal (OCSJ).
El Observatorio desde el año 2012 monitorea el proceso de implementación de la reforma constitucional de 2008 que supuso un cambio de paradigma en la manera de entender el proceso penal, dando paso a establecer el proceso penal acusatorio. Con dicha reforma se le ofreció a las legislaturas locales y la federal un plazo de 8 años para instrumentarla.El Observatorio ha visto con preocupación el escaso avance en la instrumentación a nivel nacional del nuevo sistema, así como ha detectado varios retos en su implementación, específicamente en los temas de ejecución de sentencias, medidas cautelares y arraigo.
De esta manera, en la audiencia ante la CIDH se analizará cómo el Estado mexicano, desde su nuevo sistema de justicia penal, necesita abordar la ejecución de las sanciones y sentencias desde una óptica de derechos humanos, tratando cambiar la lógica de readaptación social de los centros penitenciarios hacia una óptica de reinserción social.
Igualmente, y partiendo que la presunción de inocencia es un principio fundamental en el sistema de justicia acusatorio, el Estado mexicano deberá realizar un verdadero cambio de paradigma al aplicar la prisión preventiva como medida cautelar de excepción y no así como regla.
Por otra parte, y tomando en consideración que si bien la reforma contó con mejoras meritorias, como el reconocimiento de la presunción de inocencia, aquella también introdujo ciertas prácticas abusivas y antidemocráticas como lo es la figura del arraigo como una medida federal preventiva para privar de la libertad a personas para investigarlas por el simple hecho de creer que ha cometido delitos de delincuencia organizada hasta por ochenta días.
El arraigo, es supuestamente utilizado como un medio para investigar a “presuntos delincuentes”, pero en la práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.
Por todo lo anterior, la audiencia ante la CIDH, representa para el Observatorio una oportunidad para visibilizar los retos que se han detectado en la implementación y aportar insumos para el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal en México y del respeto a los derechos humanos.
Informe presentado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia ante la CIDH
El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal es una instancia multidisciplinaria de la sociedad civil, integrado por: Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C., y el Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. Tiene como principal finalidad constituir una instancia de articulación de la sociedad civil que impulse la implementación del sistema acusatorio con enfoque de derechos humanos, a través de actividades de monitoreo, análisis, incidencia y difusión.
