Actualmente más de 60.000 elementos de las Fuerzas Armadas desempeñan tareas de seguridad pública a lo largo del país. Militares en activo han sido designados para dirigir corporaciones de seguridad pública, realizando labores que corresponden a autoridades civiles.
En este contexto, el Ejecutivo Federal ha impulsado un régimen de excepción para combatir la delincuencia organizada basada en detenciones arbitrarias, cateos injustificados, empleo abusivo de testigos protegidos y uso excesivo del arraigo, por la cual una persona puede ser privada de su libertad hasta por 80 días sin cargos claros en su contra.
La CMDPDH, cuyo eje sea el respeto a los derechos humanos, trabaja para impedir la militarización de la seguridad pública, proponiendo un esquema de seguridad ciudadana. Asimismo, la CMDPDH denuncia las medidas arbitrarias y contrarias a los estándares internacionales, con miras a la aplicación de un sistema de justicia que respete y garantice el acceso efectivo a la justicia.
