Por Ricardo Sepúlveda I.*
Ahora que se da el cambio del poder ejecutivo y legislativo federal, es oportuno recordar lo que dice el título de este artículo. Efectivamente, México no tiene una política de derechos humanos e inclusive ha retrocedido en su construcción.
Algunos antecedentes pueden ayudar: con el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos que se realizó con la cooperación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (2003) y la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (2004), entre otras acciones, México inició un proceso para institucionalizar una política nacional de derechos humanos. Esta decisión era parte de una visión estratégica de apuntalar en los derechos humanos el proceso de transición democrática.
Estas acciones estuvieron acompañadas de una serie de reformas orgánicas para que la implementación de estos compromisos esto es lo que contenía fundamentalmente el programa de derechos humanos- pudieran tener responsables.
La estructura fundamental consistió en atribuir la competencia de dirigir esta política pública a la dependencia encargada de la política interna, es decir a la Secretaría de Gobernación, para ello se creó a su interior una Unidad encargada de su operación. Esta Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, aunque formalmente dependía de una Subsecretaría, en ese momento la decisión estratégica era que tuviera la autonomía técnica y política necesaria como para conducir el proceso con legitimidad, aceptación social y capacidad de coordinación interinstitucional.
El mecanismo que se ideó para lograr el complejo proceso de coordinar la elaboración de una política nacional de derechos humanos, fue la de una comisión intersecretarial creada directamente por decreto presidencial. Así la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos lleva ya más de 8 años de operación y está lejos de ser la articuladora de la política de derechos humanos que se esperaba.
Desde el punto de vista de la estructura de las políticas públicas este proceso cumplió con el esquema fundamental: partir de un diagnóstico, consulta pública amplia, observación de los organismos especializados, mecanismos de evaluación y seguimiento, etc. El proceso tenía los elementos que podían garantizar el éxito, sin embargo no fue así.
Es difícil resumir en unos cuantos caracteres como evolucionó este proceso y por qué se truncó. Quizá una forma sencilla de resumirlo está en el modo como Human Rights Watch tituló este proceso al final del sexenio del Presidente Fox, Cambio Inconcluso. Esto es lo que sucedió se inició un cambio que era real, que tenía fondo, pero no terminó de darse.
Parte de lo que impidió que este proceso se institucionalizara se dio cuando al final del sexenio de Fox el proceso dejó de contar con el respaldo político necesario, pero fundamentalmente fue en este sexenio cuando se echó por la borda. En un intento de hacer un rápido recuento de las razones que propiciaron este deterioro podríamos mencionar:
La pérdida de prioridad de la política de derechos humanos.
La renuncia explícita en el 2007 a que el Programa de Derechos Humanos tuviera alcance nacional.
La incapacidad para generar mecanismos de coordinación con las instancias de los Estados y generar un proceso nacional.
Los constantes cambios en la dirección de la Unidad y la designación salvo alguna excepción- de personas sin el reconocimiento para poder fungir como articuladores.
La pérdida de legitimad ante las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y por lo mismo la falta de interlocución.
La priorización de una política de seguridad que no incluyó una visión de derechos humanos.
La reiterada falta de reconocimiento de parte de las autoridades federales, sobre las fallas, responsabilidades y violaciones en materia de derechos humanos.
Y fundamentalmente, la falta de una articulación efectiva de políticas públicas integrales y transversales en materia de derechos humanos.
Esta serie de decisiones y situaciones políticas terminó de desdibujar la arquitectura que permitiría construir una política de derechos humanos y de desfondar a las instituciones. Al día de hoy el Programa Nacional de Derechos Humanos no es una herramienta de incidencia y las estructuras administrativas de derechos humanos no son una contraparte que tengan peso y significado en el diálogo sobre derechos humanos.
El problema fundamental sin embargo no es el formal o estructural, sino la ausencia de una política de derechos humanos y lo que ello lleva consigo: crecimiento de las violaciones a derechos humanos, rezagos en violaciones que parecían superadas, aumento de la impunidad y falta de reparación a las víctimas. Los datos que nos aporta la CNDH en el seguimiento a las quejas, son una confirmación de que este es el panorama que se ha generado. Las acciones de derechos humanos son ahora primordialmente reactivas, porque la promoción y la prevención se han descuidado.
Hay otros síntomas igualmente preocupantes, como son la desconfianza en las autoridades, el distanciamiento de las organizaciones con las instancias públicas, etc. Carecer de un esfuerzo serio por construir una política de derechos humanos es un grave error político en un país que tiene una gran necesidad de promover valores como la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, la seguridad pública etc.
El cambio de autoridades es ahora un momento oportuno para hacer un llamado a que se retome el esfuerzo por promover una verdadera política de derechos humanos, que tenga carácter nacional y que sirva de pieza angular para retomar y avanzar en el sin rumbo proceso de consolidación democrática.
La tarea sin duda se vuelve ahora más grande que hace seis años, se requiere consensar una agenda para el corto y mediano plazo, se deben reinventar las instituciones que tienen que conducir esta política, se requieren candados para que las medidas sean permanentes, etc.
Desde las organizaciones de la sociedad civil albergamos la esperanza de que el gobierno del Presidente entrante atienda este llamado e inicie un proceso de diálogo sobre la agenda de derechos humanos que tome en cuenta este diagnóstico. Las acciones no se dirigen a mejorar un proceso de avance, sino a frenar y remontar un deterioro continuado.
Hay sin embargo un elemento adicional a tomar en cuenta, nos referimos a que ahora contamos con un nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos el cual establece, entre otras cosas, la obligación de promover una política de derechos humanos. Así lo dice el párrafo 3º del artículo 1º constitucional al señalar que todas las autoridades deben promover, respetar y proteger los derechos humanos. En este contexto, esta puede ser una herramienta con la que se logre obtener un mayor compromiso por parte de las autoridades. Sin embargo, también hay que decirlo, hasta ahora las autoridades del Ejecutivo federal no parecen haberse dado por aludidas.
Para cerrar este planteamiento inicial hay que remarcar el interés que han manifestado algunas organizaciones por encontrar un espacio de diálogo en el proceso de transición que durará apenas tres meses más, para ello y a manera de meras líneas orientativas señalo tres puntos iniciales que pueden componer parte de las discusiones:
– La necesidad de fortalecer el área encargada de dirigir la política pública de derechos humanos, dotándola de autonomía, elevando su nivel y enfatizando su carácter técnico y no el político. La alternativa sería transformar a la Unidad de Derechos Humanos en un Consejo Nacional para promover una política de derechos humanos.
– La conveniencia de expedir una ley general para promover una política pública de derechos humanos, que le de carácter permanente al programa de derechos humanos y le permita tener alcance nacional.
– La urgencia de reestructurar y dar coherencia y unidad a todas las áreas dedicadas a la defensa y promoción de políticas públicas en materia de derechos humanos, como el INMUJERES, el INAPAM, CDI, CONADIS, CONAPRED, etc.
* Integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH.
