A más de 20 días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas cautelares en favor de las defensoras, el Estado mexicano, ni a nivel estatal ni a nivel federal, ha respondido ni provisto de medidas de protección efectivas a Blanca Mesina y Silvia Vázquez. Cabe recordar que las defensoras tuvieron que abandonar Tijuana, su lugar de residencia y trabajo, dadas las reiteradas amenazas que han recibido tanto ellas como sus familiares, por su trabajo de acompañamiento y representación de familiares y víctimas de tortura bajo arraigo en instalaciones militares en Tijuana, pues tanto el gobierno estatal como el federal han fallado en la protección de las defensoras.
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