Comunicado de prensa
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) solicitan a la CIDH una visita de la Relatoría Especial para los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad a los estados de Nayarit y a Baja California así como el rechazo al arraigo en casas particulares, hoteles y cuarteles militares.
El día 5 de noviembre del año en curso se celebró una Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de la situación de seguridad pública y derechos humanos que se vive en Tijuana, Baja California. Por parte de los peticionarios estuvieron presentes Juan Carlos Gutiérrez, director general de la CMDPDH; Francisco Javier Sánchez, antiguo procurador de derechos humanos de Baja California y actual director del Observatorio de Derechos Humanos del mismo estado; Raúl Ramírez Baena, antiguo procurador de derechos humanos de Baja California y actual miembro de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Mayra López, abogada de la CMDPDH; Blanca Mesina, representante de 25 policías arraigados y torturados en las instalaciones militares “Aguaje de la Tuna” en la ciudad de Tijuana; y Luis Castellanos, hermano de Ricardo Castellanos, policía arraigado y torturado en las instalaciones militares mencionadas.
Por parte del Estado mexicano, estuvieron presentes Víctor Hugo Pérez Hernández, Director general de protección de los derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública; José Antonio Guevara, titular de la unidad de promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación; María Elena Rodríguez Ramos, Directora de control y seguimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California; Alejandro Negrin, Director general de derechos humanos y democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La mesa de la CIDH estuvo presidida por Felipe González, Segundo Vicepresidente, Paolo Carozza, Comisionado y Florentín Meléndez, Comisionado para México y Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.
Por parte de los peticionarios, Juan Carlos Gutiérrez, Director de la CMDPDH manifestó que dada la situación de violencia en la que se encuentran inmersos los habitantes, se han implementado una serie de medidas que han militarizado la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, lo que esta generando denuncias por graves violaciones de derechos humanos; también recalcó que la seguridad pública y los derechos humanos no deben estar reñidos, por el contrario, debe adoptarse una visión de derechos humanos al momento de ejercer la seguridad pública para que ésta sea efectiva y eficaz a todos los niveles.
En este particular, contexto la figura del arraigo resulta sumamente grave pues es en dicho período de detención―en casas particulares, hoteles, instalaciones militares, etc.,― las personas acusadas de delitos de delincuencia organizada son sometidas a incomunicación, ausencia de abogado defensor, torturas para arrancar confesiones, y particularmente preocupante la detención bajo arraigo en instalaciones militares.
Por otro lado se resaltó la negativa del Estado mexicano a recibir las denuncias de violaciones de derechos humanos, en concreto la Procuraduría General de la República, quien manifestó que dado que los responsables de las violaciones eran militares, dicha instancia no era competente para atender los casos; la SSP, la CNDH―que solamente se encuentra investigando el caso de los 25 policías que se encuentran actualmente en el penal de alta seguridad de Nayarit―y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Una situación particularmente grave es que diversos funcionarios―como el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario seguridad pública en la ciudad de Tijuana―de las instituciones de seguridad pública han participado activamente en las torturas denunciadas, reconocidos por las propias víctimas.
Los familiares de las víctimas expresaron su temor por las posibles consecuencias de estas denuncias; responsabilizaron directamente al alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, al capitán, director de la policía municipal, Gustavo Huerta, al general de brigada de la II zona militar, Alfonso Huerta Mujica, a los agentes del ministerio público de la Mesa IV y VII, Juan Luis Uriel Paniagua y Víctor Manuel Miraflores respectivamente, al defensor de oficio Leopoldo Cuéllar Rodríguez y al secretario de seguridad pública de la localidad, el teniente coronel Leyzaola, de cualquier situación que pudiera poner en riesgo sus vidas y solicitaron a la CIDH protección ante dicha circunstancia, pues varios de ellos les “aconsejaron” que no hicieran anda, que todo iba a pasar y que pronto se resolverían las cosas.
Finalmente, los peticionarios solicitaron a la CIDH la gestión ante el Estado mexicano una visita urgente del Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad para verificar la situación de salud de las personas que se encuentran en situación de detención y arraigo en las cárceles de Tepic, Nayarit y en los lugares de arraigo en Baja California. También se le solicitó al Estado mexicano que manifieste su buena voluntad en materia de derechos humanos para convocar de forma urgente una mesa de trabajo en la ciudad de Tijuana, con presencia de la CIDH con el objeto de recibir las denuncias que han sido presentadas. Asimismo se solicitó que la CIDH exprese su rechazo a la práctica del arraigo en hoteles, casas particulares e instalaciones militares. CIDH medidas cautelares solicitadas, emitirlas, garantizar la integridad física de los familiares que se encuentran denunciando.
Para mayor información contactar a:
Mayra López, abogada de la CMDPDH
defensa2@cmdpdh.org
Si le interesa coordinar alguna entrevista especial contactar a comunicación@cmdpdh.org
www.cmdpdh.org
