Esta resolución no debe pasar desapercibida para el Estado Mexicano, ya que es un ejemplo positivo de como las instituciones judiciales nacionales cuando actúan con independencia e imparcialidad, e incorporan los derechos humanos en sus decisiones, pueden lograr el equilibrio necesario para garantizar la justicia respetando los derechos procesales del acusado, aún cuando se trate de personas con una investidura como la de un ex presidente de la República.
En contraste, el pasado 26 de marzo de este año el ex presidente, Luis Echeverría Álvarez, fue absuelto por un Tribunal Colegiado que lo declaró libre de toda responsabilidad de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. La CMDPDH enfatiza que la exoneración del ex presidente Echeverría es una decisión que perpetua la impunidad, revela la falta de voluntad de los órganos de justicia mexicanos para lograr justicia, lo cual contrasta negativamente con el logro peruano.
Esperamos que el ejemplo de la sentencia contra el ex presidente Fujimori, sea el parteaguas para que delitos de lesa humanidad, cometidos por altos funcionarios –o cualquier persona- sean investigados y sancionados; y que los organismos judiciales actúen con total autonomía e independencia, garantizando procesos que permitan conocer la verdad histórica, demanda que no ha sido satisfecha en México, después de más de 40 años.